El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND) presentó al equipo directivo y técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), los resultados del proyecto “Evaluación de la Aplicación de los Principios del Estado de Derecho en la Administración Pública” relacionado con el licenciamiento ambiental en el sector minero.

Colombia está entre los países de América Latina que genera el mayor volumen de energía limpia y está trabajando fuertemente en los procesos de optimización de evaluación de aquellos proyectos que utilizan Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE). Esto con el fin de enriquecer la matriz energética, como lo establece la ley creada para motivar la implementación de este tipo de propuestas.

El Consejo Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en proyectos considerados como críticos, adoptó su reglamento interno y analizó la situación y estado de dos contingencias presentadas en el transcurso del presente año: el derrame de crudo en Lisama (Santander) y el represamiento de Hidroituango, en Antioquia.

El gobierno dejó en firme la política de derechos humanos en el sector minero energético, con lo cual Colombia se convierte en el primer país del mundo en adoptar una estrategia en esta materia, que es fundamental para fortalecer el proceso de diálogo con las comunidades y cumplir con las políticas de desarrollo sostenible que se desarrolla con firmeza en diferentes sectores.